Transportistas difieren de la política implementada; Tobías Crespo advierte sobre déficit en corredor Núñez de Cáceres
Tener la opción de abordar una guagua de la OMSA, un “motoconcho” o “un carrito público” en los nueve corredores que pretende implementar el Gobierno en el Gran Santo Domingo será cosa del pasado.
Como parte del proyecto de colectivización del transporte, la demanda en estos espacios será suplida exclusivamente por modernas unidades de autobuses, operadas por grupos choferiles bajo el acuerdo de retirar todas las unidades de concho tradicional.
El desplazamiento de las unidades de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) en los corredores de la Núñez de Cáceres y Winston Churchill, únicos inaugurados, preocupó a muchos usuarios que se vieron obligados a ajustar su presupuesto al precio actual, pagando de RD$15 a RD$35.
Sobre esta transformación en el servicio, como la ha bautizado el Gobierno, el director ejecutivo del Gabinete del Transporte, Hugo Beras, asegura que no se puede ver como un golpe a la OMSA sino como una oportunidad para que esta institución pueda ser más eficiente y concentrarse en los corredores donde tiene mayor incidencia.
¿A dónde van las unidades?
En tal sentido, el departamento de Comunicación de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses confirmó a este medio que las unidades desplazadas de estos dos corredores reforzarán el servicio en otras rutas de su influencia.
Respecto a que si los autobuses público y los operados por consorcios privados pueden operar en un mismo corredor, ni los propios representantes de las centrales sindicales del transporte, hoy empresas, comparte una misma opinión.
Desde la óptica del presidente de la Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU), William Pérez Figuereo, restringir la circulación de las unidades de la OMSA de estos corredores es un error.
“El Gobierno dominicano no debe ceder sus espacios a particulares porque en un momento dado que nosotros tengamos que reclamar algo, y mira te lo estoy diciendo yo que voy a estar en el Corredor Kennedy, porque los médicos se paralizan y todo el mundo se paraliza cuando algo le afecta, entonces no tendrá el Gobierno con que responder”, advierte.
El presidente de la Federación Nacional de Transporte Nueva Opción (Fenatrano), Juan Hubieres, tambien entiende que la medida de quitar la OMSA de estos corredores debe ser mejor analizada.
“Yo Juan Hubiere no apuesta a que desaparezca ningún bien público, porque ningún bien público en manos mías va a ser para que yo le dé servicio gratis a la población desde el punto de vista del negocio, porque los negocios no están para eso. Eso es un atentado a los bienes públicos del Estado”, manifestó.
Voces en contra
No obstante, el proyecto de corredores no ha logrado caer del todo bien dentro del sector. Para el presidente de Fenatrano, Juan Hubieres, se trata de una iniciativa empañada por la exclusión económica y social que a su juicio llevará a más gente a la pobreza.
Partiendo de ese argumento, ha propuesto al Gobierno la cooperativización de los corredores. “Por escrito ellos me mandaron a decir que están de acuerdo, pero mientras tanto siguen avanzando en sus proyectos”, señaló.
Aseguró que los carros sustituidos que saldrían de circulación, como chatarra, se encuentran conchando en otras rutas, debido a que el Gobierno aún no ha pagado a propietarios el valor de estas unidades. Sobre el particular el presidente del Consorcio Conatra-Sa, agregó que todavía no se ha completado el proceso de pago de los carros, pero que ya está en proceso. “El Estado toma tiempo para identificar en Impuestos Internos la matrícula, ubicar, generar los pagos individuales a las personas y eso es una burocracia que se ha tardado un tiempo de más”, dijo.
Destino de los carros chatarras según ley 63-17
La Ley 63-17 instruye al Intrant a establecer el cronograma de retiro paulatino de las unidades de transporte terrestre chatarras o en mal estado en sus distintas modalidades, en un plazo que no podrá exceder de diez años, y que se encuentren laborando a la fecha de la promulgación de la ley promulgada en el 2017. Los vehículos reemplazados deberán ser sacados del Registro Nacional de Vehículos de Motor por la Dirección General de Impuestos Internos y demolidos de inmediato por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre. Asimismo , dispone que las rutas son propiedad del Estado. La prestación del servicio será autorizada por medio de la emisión de licencias de operación, expedidas por Intrant y los ayuntamientos en su jurisdicción.
Fuente: Periodico El Caribe
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