Las muertes en casi un mes de al menos tres jóvenes que recibieron golpes mortales sin necesidad en recintos policiales desconectados geográficamente (en el Distrito Nacional, Baní y San José de Ocoa) indican como práctica recurrente, no de simples hechos aislados, la aplicación de violencia física contra ciudadanos reducidos a la obediencia.
En algunas etapas del cuerpo del orden incluyendo la actual el poder civil se ha propuesto, sin lograr progresos significativos o solo para dar paso a retrocesos, erradicar los horrores de la tortura, simulación de intercambios de disparos y el uso a mansalva de armas de fuego contra civiles.
Los excesos de los miembros de la institución se repiten como si no existiera una firmeza de directrices y protocolos desde las superioridades que los encuadre en el respeto a la integridad física y la vida de quienes de ellos solo merecen permanente protección.
Para mayor alarma ciudadana, la Policía no parece aplicar mecanismos que destierren inconductas en sus filas y acabando de ocurrir estas últimas tragedias, familiares de las víctimas sintieron una hiriente resistencia a transparentar los actos violatorios de algunos agentes y su disposición para la investigación a fondo y la autocrítica llegó después que el país vibró escandalizado.
Siempre debe suceder con prontitud (y no tardíamente) que el Ministerio Público acuda a los cuarteles a buscar la verdad. Como ha dicho el vicepresidente de FINJUS, para lo definitivo, la Policía no puede investigarse a sí misma.
Fuente: Periodico hoy
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